En la actualidad, los autónomos y pequeños empresarios deben ingresar a la Hacienda Pública el IVA de las facturas emitidas que aún no han cobrado y que incluso no cobrarán. En concreto, ambos colectivos soportan 800 millones de euros anuales, lo que supone una carga muy gravosa debido al aumento de la morosidad e impagos derivados de la crisis económica, según un estudio realizado por los técnicos del Ministerio de Hacienda (Gestha).
De ahí que, para mejorar la liquidez de estas empresas, los técnicos de Hacienda y la Organización de Profesionales y Autónomos (OPA) hayan publicado las soluciones a su juicio más factibles para mejorar la situación. Demandan, en similitud con algunas enmiendas al proyecto de Ley de Economía Sostenible que se debatirá hoy en el Senado, modificar el sistema de pago del IVA y retrasarlo hasta el momento del cobro -total o parcial- de la factura, ya que la actual ley española del IVA obliga al empresario a pagarlo en el momento que se efectúa la prestación de servicios. El cambio sería un paso importante, según ha señalado el presidente nacional de OPA, Camilo Abiétar: “Los profesionales por cuenta propia contarían con un impulso a sus negocios, ya que evitan ingresar el IVA repercutido de las facturas emitidas a clientes morosos o insolventes. Al mismo tiempo, se lograría una distribución más justa y equitativa de la carga fiscal, reduciéndose la competencia desleal de los evasores frente a los autónomos y empresas que cumplen con las obligaciones exigidas”.
Por otro lado, el Consejo Europeo ya se pronunció sobre este problema el pasado mes de julio mediante la aprobación de una directiva que permitía a los proveedores abonar el impuesto una vez recibido el pago y no antes. No obstante, a juicio de Gestha, la aplicación de esta medida debería ser inmediata y no esperar al 2012.
Diferencias por regiones
Por comunidades autónomas, el estudio de Gestha muestra que el mayor importe de IVA repercutido pendiente de cobro por morosidad corresponde a Cataluña con 195,2 millones (ver gráfico), Madrid con 149,3 millones, Andalucía con 94,6 millones y la Comunidad Valenciana con 86,9 millones.
Medidas contra el impago
La Organización de Profesionales y Autónomos indica que la puesta en marcha del retraso del cobro del impuesto sería un avance muy importante para los autónomos, que se ven ahogados actualmente por los impagos derivados de la crisis. Ésta es la primera medida que pedirán hoy a los miembros del Senado. Siguiendo esta línea de mejoras, se han planteado otras soluciones que repercutirían también en el colectivo autónomo.
Así, OPA y Gestha comunicaron ayer sus propuestas para mejorar la situación de este colectivo. Entre ellas, proponen que la mejora de la eficiencia del gasto público sea un paso fundamental para aliviar el déficit del Estado. En este sentido, solicitan la generalización de las auditorías de las cuentas anuales de todos los entes públicos con el fin de aportar transparencia a las cuentas del Estado y, además, piden aprovechar los medios humanos de casi mil técnicos auditores cuya experiencia se encuentra infrautilizada, en lugar de cargar con el sobrecoste innecesario que supone acudir a auditorias externas.
La tercera reforma se refiere al reparto justo y equitativo de las cargas fiscales. Entre las conclusiones de esta medida, los expertos indicaron que la transparencia y la comunicación interna entre los empleados de las administraciones son cruciales, porque ayuda a agilizar todos los procesos. En un primer lugar, desde Gestha cuentan que un informe periódico sobre la situación de los autónomos ayudaría a reducir fraudes e impagos. Aconsejan que se divida por regiones, sectores y volumen de impuesto. De ser aprobadas estas enmiendas, se podría recaudar adicionalmente cerca de 38.500 millones de euros cada año, lo que sanearía el déficit de las Administraciones Públicas y permitiría reducir las tensiones de la deuda pública y privada en los mercados financieros y avanzar en la simplificación y reordenación del sistema fiscal de nuestro país.
La puesta en marcha de estas enmiendas incrementaría los negocios de profesionales por cuenta propia, ya que más del 60% de los autónomos se ven afectados por deudas públicas y privadas. Además, el 90% de las Administraciones Públicas de nuestro país incumplen la ley de morosidad que fija un plazo máximo de pago de 55 días de las facturas a los autónomos y empresas, y que, en realidad, el plazo prácticamente se triplica, hasta alcanzar los 158 días.
Si estas enmiendas siguen adelante, supondrían un “gran avance” en la normativa, ya que los autónomos encontrarían un “respiro” frente al impacto de la crisis económica, según indicaron desde OPA.
